El martes 18 y el jueves 20 de marzo, la concejala de Medio Ambiente María Cueva del Pie, como representante de Miranda de Ebro en el Consorcio de Residuos de Burgos, votó en contra del expediente de iniciación del convenio de colaboración para acordar las actuaciones de valorización energética del rechazo de los de residuos sólidos urbanos que permitan el cumplimiento de la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y el real decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Según explica la edil “este es un convenio a 40 años y se firmará, presumiblemente, en abril, afectando a todas las provincias que integran la comunidad. Consiste en la creación de una planta de valorización energética, eufemismo de macro incineradora, para producir energía con la basura”.
La ley 7/2022 se basa en una serie de principios -prosigue- como la protección de la salud humana y el medio ambiente, la proximidad (favoreciendo el tratamiento de residuos en instalaciones lo más cercanas posibles al punto de generación, “y para lo cual voy a mantener próximamente una reunión con el consorcio con el fin de contemplar alternativas a tener que emplear 3 horas entre ida y vuelta para llevar los envases hasta Abajas para su gestión”), y también la aplicación de la siguiente jerarquía en la gestión de residuos:
– Prevención de la generación (campañas de concienciación, incentivos fiscales, sistemas de pago por generación, sistemas de depósito y devolución…)
– Preparación para la reutilización (acciones enmarcadas en la economía circular: reparación de objetos estropeados, reutilización de residuos…)
– Reciclado (tratamiento y transformación del residuo para su utilización como materia prima)
– Valorización, incluida la energética
– Eliminación en vertedero

Si bien el punto 4, de valorización energética, está contemplado en la ley, le preceden, según indica, “otras tres medidas prioritarias en la gestión de residuos. Voté en contra de los presupuestos del Consorcio porque no se destinaba ni un solo euro a campañas de sensibilización e información sobre la nueva ley de residuos y los objetivos que nos marca Europa para los próximos años”.

Aclara la edil que “su argumentación se basa en que no estamos reduciendo ni reciclando lo suficiente como para cumplir los objetivos, pero no podemos pasar directamente al punto 4 sin hacer absolutamente nada por concienciar a la población sobre el problema y sobre las multas que vamos a tener que pagar por el incumplimiento de los objetivos europeos”.

Añade Cueva que “además, la creación de esta incineradora conllevará inexorablemente una subida de la tasa de gestión de residuos de Diputación, porque es muy costosa, tanto su construcción como su gestión” .

La concejala de Medio Ambiente ofrece unos datos: Castilla y León genera 350 mil toneladas de residuos al año. La construcción de la planta de valorización va a costar entorno a los 350 millones de euros, y se realizará a través de una “concesión administrativa”. Esto va a suponer el pago de hasta 90 euros por tonelada de residuo sólido urbano (es decir, la fracción que no puede reciclarse y se elimina a vertedero) más 10 euros como pago por las emisiones de CO2 emitidas.

“Entre los productos resultado de la incineración, se encuentran las dioxinas, los metales pesados y los furanos, altamente dañinos para la salud humana y el medio ambiente. Si bien las incineradoras tienen filtros y tecnología para su gestión, ninguna estructura humana está libre de sufrir un accidente, véase Fukusima con el seísmo, los vertidos de petróleo al mar, los escapes de gases nocivos en industrias químicas, incendios en industrias, etc”, manifiesta.

El transporte de basura desde todos los puntos de nuestra comunidad al lugar donde finalmente se sitúe la planta, y cuyo emplazamiento decidirá la Junta, ocasionará gran cantidad de emisiones de CO2, a juicio de María Cueva. “No es lo mismo mover residuos en una comunidad como Euskadi que en una como Castilla y León, con una superficie de 94.224 Km2, que, siendo la más grande de España, supone un 18.6% de la superficie total del país”.

El convenio se suscribe a 40 años, explica, “durante los cuales las circunstancias pueden cambiar mucho. Se nos obliga a aportar una cantidad determinada de residuos”.

“Las entidades locales concurrentes se comprometen a la entrega de, al menos, el 90% del rechazo que resulte del tratamiento de sus residuos municipales” …” A este respecto, las entidades locales, sobre la base de los estudios históricos de la gestión de sus respectivos centros de tratamiento, entienden factible la aportación de las toneladas de residuos sólidos urbanos para su valorización que se recogen en el Anexo I de este documento, esto es, 346.000 toneladas anuales entre todas ellas”.

María Cueva: “Y aquí viene el punto clave y contradice frontalmente los principios fundamentales de la ley”:

“No obstante, si la evolución de la población de las provincias, una mayor concienciación ciudadana en el reciclado, la evolución de los envasados de los productos u otras circunstancias que se produzcan a lo largo de la vida de este convenio, hicieran que el volumen del rechazado de residuos generado no alcance las cifras que hagan viable la explotación de la planta, las partes valorarán la entrega de otro tipo de residuos susceptibles de valorización energética que permitan la sostenibilidad económica de la planta”.

Es decir, a la planta se llevan los residuos sólidos urbanos (RU) que no se pueden reciclar. “Si hacemos bien nuestro trabajo y reducimos los residuos, o disminuye la población, de manera que no aportemos la suficiente cantidad a la planta, se usarán otros residuos que sí son reciclables. Básicamente -avanza- es dar preferencia a la viabilidad económica de la planta frente al reciclaje de residuos. Es un verdadero despropósito”.
En cuanto al impacto económico, el convenio dice: “La entrega de cantidades inferiores (medidas en toneladas) a las que se indican en el precitado Anexo I, supondrá un incremento del precio a satisfacer por cada tonelada, inversamente proporcional al decremento de residuo entregado, de forma que el producto de las toneladas entregadas en cada momento por el precio a abonar por ellas de lugar a un importe constante. A estos efectos se tomará en cuenta el precio vigente en cada momento de la vida de contrato a suscribir por SOMACYL, considerando siempre el precio máximo previsto y su actualización anual, en la forma que luego se prevé. Las oscilaciones del precio que traigan causa de la entrega de unas cantidades de residuo inferiores a las de dicho Anexo serán repercutidas individualizadamente a cada entidad local (entendiendo por tal cada firmante de este Convenio, bien sea una administración provincial, municipal, bien un Consorcio que agrupe a varias de ellas)”.

Esto significaría que “si generamos menos residuos pagamos más, algo que es justo lo contrario que lo que dice la ley: quien contamina, paga”.

“En el caso de que se entreguen cantidades superiores de residuo, no se modificará el precio vigente por tonelada, excepto que se exceda del 25% de la previsión recogida en el Anexo I, y sin perjuicio de la repercusión, en todo caso, de los costes por transporte por cada tonelada entregada en exceso. El precio máximo a pagar por tonelada de residuos por cada entidad local asciende a 90 euros/tonelada, aplicable a las toneladas de residuos que se entreguen en los CTRs para su transporte y posterior valorización”.

La concejala ¡explica: “Es decir, que hasta que no se exceda un 25% de la cantidad acordada, no se nos baja el precio, pero, si entregamos menos residuos sí que se nos sube”

Añade la responsable municipal de Medio Ambiente que según diversos estudios, los residuos resultantes de la incineración son altamente contaminantes. “En el convenio no hay evaluación de impacto ambiental, ni estudio técnico, pues se hará a posteriori. ¿Cómo – se pregunta – se van a gestionar los residuos resultantes? Según un estudio de la Universidad de Granada muchos de los materiales que son susceptibles de reutilización son al mismo tiempo combustibles necesarios para el funcionamiento de la incineradora. Por todo ello, Miranda votó y votará en contra de este convenio e insta a la Junta y a todos los firmantes a recapacitar seriamente sobre la idoneidad de construir una incineradora sin haber hecho todo lo posible para cumplir los objetivos a través de otro tipo de medidas sin estos inconvenientes.”